La elección del Presidente de la República mediante sufragio universal

Charles de Gaulle, alocución del 20 de septiembre de 1962

Una de las características esenciales de la Quinta República es que prevé una sola persona a la cabeza del Estado [...]. Sin embargo, para que el Presidente de la República pueda asumir y ejercer de hecho tal carga, necesita la confianza explícita de la nación.

En el texto inicial de la Constitución de 1958, el Presidente de la República no era elegido mediante sufragio universal directo, sino mediante un colegio de grandes electores (compuesto por miembros del Parlamento, de los Consejos Generales, de las Asambleas de los territorios de ultramar, así como de los representantes elegidos de los Consejos Municipales). Su legitimidad no provenía, por lo tanto, directamente del pueblo, donde reside la soberanía nacional: el Presidente recibía su poder del sistema de partidos con el consiguiente riesgo de quedar sometido a él. El aura histórica del hombre del 18 de junio lo preservaba de tal dependencia. Podría no ocurrir lo mismo con sus potenciales sucesores. Estos tal vez no supiesen protegerse de las maniobras partidistas que habían provocado la inestabilidad ministerial crónica de los dos regímenes anteriores.

Preocupado por “darle una cabeza al Estado” y empujado por los acontecimientos, el General someterá a referéndum, desde 1962, un proyecto de reforma constitucional con vistas a remediar dichas debilidades institucionales: los electores deberán aprobar o rechazar la elección del Presidente mediante sufragio universal directo.

El objetivo del nuevo modo de escrutinio presidencial consiste en dotar de forma duradera al jefe del Estado de una legitimidad popular, de una “confianza explícita de la nación”, así como de garantizar su independencia frente a los partidos. Parte integrante del pensamiento institucional del General, la propuesta de elegir al Presidente mediante sufragio universal directo es el fruto de circunstancias particulares: el atentado del Petit-Clamart, del que el General escapa milagrosamente, refuerza su voluntad de garantizar la perpetuación de la Quinta República, consolidando la legitimidad del Presidente. Asimismo, el final del drama argelino ha despertado las ambiciones políticas y el espectro del “régimen de los partidos” vuelve a acosar a la República. Estas son las circunstancias en las que se presenta el proyecto sobre el que toda Francia es llamada a pronunciarse en referéndum.

Este provoca una de las batallas políticas más animadas de la historia de la Quinta República. Se abre una polémica jurídica sobre la constitucionalidad del uso del artículo 11. La alocución del 20 de septiembre de 1962, pronunciada por el general de Gaulle, desencadena una auténtica tormenta entre la clase política y los juristas. Gaston Monnerville, a la sazón presidente del Senado, acusa al Presidente de “prevaricación”. El Consejo de Estado estima que el procedimiento es contario a la Constitución. El inquilino del Elíseo lanza su llamamiento a los franceses, asumiendo su responsabilidad en el referéndum. La Asamblea Nacional, mayoritariamente hostil a la reforma, vota una moción de censura con 280 votos de 480 y tumba el gobierno de Pompidou. El 28 de octubre, los electores se pronuncian con 62% a favor de la revisión constitucional. Al prevalecer dicha legitimación política sobre la oposición jurídica, el Consejo Constitucional, requerido por el presidente del Senado, se declara incompetente para evaluar la conformidad con la Constitución de una ley adoptada por referéndum. Las elecciones legislativas otorgan a los gaullistas el 40,5% de los votos. La amplia victoria de Charles de Gaulle en la elección presidencial de 1965 confirma dicha aprobación popular.

El futuro de la Quinta República queda así sellado. El régimen recibe el marchamo de la legitimidad popular. Francia dispone de instituciones estables a las que se irán sumando progresivamente los más feroces oponentes.